- En América Latina y el Caribe más de 1.6 millones de niñas y adolescentes se convierten en madres cada año. En México, aunque los casos en niñas se han reducido casi a la mitad en una década, el porcentaje permanece estancado y sigue siendo inaceptable.
- Ipas LAC llama a garantizar aborto seguro, educación sexual integral y medidas de cuidado colectivo como caminos hacia la justicia y la autonomía reproductiva.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) advierte que el embarazo infantil sigue siendo una forma extrema de violencia de género y sexual que afecta a miles de menores de edad cada año, y debemos seguir luchando por erradicarlo.
En México, por ejemplo, según datos del Sistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), entre 2015 y 2024 el número de embarazos infantiles -es decir, en niñas menores de 15 años- disminuyó de 12 180 a 6 471 casos. Sin embargo, el porcentaje del total de embarazos se ha mantenido estancado en 0.6 % durante la última década, lo que evidencia que la problemática no ha modificado su proporción, pese a los esfuerzos institucionales.
“En mujeres menores de 15 años, el embarazo no es resultado de una decisión deliberada, sino consecuencia de circunstancias fuera de su control. La violencia de género, particularmente la violencia sexual, es una de las principales causas de los embarazos infantiles”, señaló María Elena Collado, subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC.
Ipas LAC destaca que la mayoría de estos casos no derivan de relaciones entre pares, sino de violaciones perpetradas por hombres adultos, muchas veces familiares o personas conocidas por la víctima.
Violencia estructural y derechos reproductivos
En América Latina y el Caribe, cada año, más de 1.6 millones de niñas y adolescentes (entre 10 y 19 años) se convierten en madres, es decir, una cada 20 segundos en la región. La tasa de fecundidad adolescente se mantiene entre las más altas del mundo: cerca de 50.6 nacimientos por cada 1 000 entre adolescentes de 15 a 19 años, superada solo por África Subsahariana (UNFPA, 2025).
El embarazo infantil forzado no solo vulnera el derecho a una vida libre de violencia, también compromete gravemente la salud física, mental y emocional de niñas y adolescentes, su acceso a la educación y su posibilidad de elegir. Al mismo tiempo, el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva (incluyendo aborto seguro) representa otra forma de violencia estructural.
“La negación del aborto en casos de violación también es una forma de violencia institucional. Hablar del aborto es hablar de autocuidado y de derechos humanos”, subrayó la subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC.
Garantizar el acceso a educación sexual integral, anticonceptivos, medicamentos seguros y servicios de aborto y postaborto es una obligación del Estado. Estas acciones no solo protegen la autonomía y la salud de las personas, sino que contribuyen a romper los ciclos de violencia estructural, desigualdad y pobreza.
Autocuidado y derechos: una mirada desde la empatía
En el marco del 25N, Ipas LAC invita a reflexionar sobre el aborto como un derecho al autocuidado, para que el aborto sea una decisión informada y acompañada que protege la salud y la vida.
“El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna niña sea obligada a ser madre. Prevenir el embarazo infantil forzado y garantizar el aborto seguro son medidas urgentes de justicia y reparación”, concluyó María Elena Collado, subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC.