Ciudad de México a 11 de marzo de 2021.- Este jueves finalizó la audiencia pública del caso Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual entró en una fase de análisis de alegatos para poder emitir una resolución y sentencia contra el Estado de El Salvador por las acciones y omisiones que derivaron en la muerte de la mujer de 33 años.

Manuela, una mujer salvadoreña con dos hijos, fue encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica. Sin tener la oportunidad de defenderse, fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión, donde falleció por un cáncer que no fue tratado adecuadamente.

Su voz hoy no puede ser escuchada, pero su caso podría evitar que más mujeres de Centroamérica –sobre todo aquellas de escasos recursos y de origen indígena– sean discriminadas y criminalizadas por sufrir una emergencia obstétrica.

El Salvador es uno de los 16 países en el mundo que tienen la penalización absoluta del aborto y es la nación centroamericana con las leyes más severas para mujeres que sufrieron emergencias obstétricas.

“En El Salvador tenemos problemas con las leyes, incluida la que penaliza de forma absoluta el aborto y tenemos problemas con la interpretación y la forma en que se aplican estas leyes. Y también hay problemas con las políticas públicas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Esto conforma un contexto que viola los derechos de las mujeres”, señaló Morena Herrera, durante la audiencia de este jueves con la Corte Interamericana de DH.

En Ipas CAM (Centroamérica y México) hemos documentado que la criminalización por aborto es un problema de salud pública y de justicia social que se traduce en discriminación e injusticia contra las mujeres más vulneradas, con menos oportunidades de acceder a servicios seguros de salud y con más posibilidades de ser encarceladas, extorsionadas, chantajeadas, y manipuladas.

“Desafortunadamente, Centroamérica es la región del mundo que tiene el mayor número de países que criminalizan el aborto. Tenemos siete países en la región centroamericana, de los cuales tres: Nicaragua, El Salvador y Honduras, penalizan el aborto en todas sus formas. Es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta que existe en el mundo contra las mujeres”, mencionó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM (Centroamérica y México).

Durante el segundo día de audiencia, la Comisionada de la CIDH Margarette May Macaulay indicó que desde hace varios años la Comisión ha pedido a El Salvador poner fin a la criminalización del aborto porque viola el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.

"Manuela no solo fue criminalizada desde el momento que entró al centro de salud, fue juzgada y tratada con poca humanidad, violando sus garantías, poniendo una sentencia en vez de una ayuda", mencionó May Macaulay.

Además, dijo que se han documentado casos de mujeres que han terminado en la cárcel por sufrir emergencias obstétricas, por ello, aunque las mujeres de escasos recursos buscan los hospitales ante estas urgencias, no son opciones seguras porque actúan como persecutor o Policía.

Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que Manuela no recibió la defensa adecuada, hubo inconsistencias, y fue juzgada con estereotipos de género, los cuales persisten socialmente y tienen impactos negativos profundos en las diligencias de procesos.

“Estos casos son una oportunidad de justicia no solo para Manuela sino para otras mujeres encarceladas en El Salvador por emergencias obstétricas”, indicó.

En tanto, desde Ipas CAM subrayamos la necesidad de Estados laicos en la región, que generen políticas públicas y legislación con una visión prioritaria de atención a las mujeres, niñas y adolescentes, con enfoques de derechos humanos, de justicia social y de equidad de género.

“Algo que las mujeres en Centroamérica hoy no tienen, y que tendrán una vez que se despenalice el aborto, es que serán menos víctimas de injusticias. Lo que ha pasado con la penalización total del aborto es que no solamente se castiga a aquellas mujeres que se han practicado un aborto sino también a quienes sufrieron una emergencia obstétrica”, dijo María Antonieta Alcalde.