Este miércoles Human Rights Watch, organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, presentó su informe ‘¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?’: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador, en el que, a través de 128 páginas, muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mujeres y niñas cuando son criminalizadas por abortar, incluso, por sufrir emergencias obstétricas.

 

Estas mujeres, adolescentes y niñas acusadas por aborto experimentaron violaciones a sus derechos humanos, y a sus derechos sexuales y reproductivos. También sufrieron violaciones al debido proceso y enfrentaron obstáculos para conseguir una defensa legal. 

 

Para el informe, HRW estudió 148 casos de personas que fueron judicializadas por aborto, entre 2009 y 2019, en los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto.

 

En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta 2 años de prisión en el caso de las mujeres que dan su consentimiento para realizarse un aborto, y entre 1 y 3 años para los profesionales de la salud que lo practiquen. Solo se contemplan excepciones si la vida y la salud de la persona embarazada están en riesgo, y en casos de violencia sexual.

 

De los 148 casos analizados por la organización, 38 cumplieron penas en prisión o estuvieron privadas de la libertad durante el juicio; 73% de estos procesos se iniciaron después que profesionales de la salud denunciaron ante la Policía, violando el secreto profesional, y en 99 casos la Policía interrogó a las mujeres en el hospital, sin un abogado presente, lo cual constituye una violación al derecho de la defensa adecuada. 

 

Además, en el 58% de los casos los defensores públicos asignados recomendaron a sus clientas que se declararan culpables para evitar un juicio; sin embargo, quienes se sometieron a estos procesos abreviados tuvieron más probabilidades de recibir penas de prisión, cerca del 81% de las acusadas cumplieron penas, contra 19% que se enfrentaron a juicio. 

 

- Una legislación restrictiva contra el aborto no impide que las mujeres aborten. Cuando un Estado bloquea el acceso a los procedimientos, lo que causa es que las mujeres acudan a métodos inseguros, siendo las más afectadas las que tienen menos recursos.

- La criminalización en Ecuador disuade a las personas gestantes a solicitar el acceso a prácticas seguras. Por otra parte, refuerza el estigma social al aborto y genera miedo a la persecución penal entre mujeres y profesionales de la salud.

- En Ecuador las mujeres y las niñas están siendo judicializadas por aborto, incluyendo quienes tienen abortos espontáneos, emergencias obstétricas, o que requieren atención postaborto.

- Las mujeres criminalizadas experimentaron violaciones a sus derechos, al secreto profesional y al debido proceso.

- El actuar de fiscales y jueces arrojaron prácticas permeadas por estereotipos de género y consideraciones religiosas. En 25 casos que esquivaron prisión, las mujeres tuvieron que hacer tareas comunitarias en orfanatos, o terapias psicológicas enfocadas en convertirlas “en buenas madres”.

- Parte de la discriminación se origina por falta de información completa, clara, accesible y actualizada en materia de salud reproductiva.

- La criminalización del aborto no afecta por igual a las personas, en los 148 casos analizados, el 81% fueron contra mujeres y niñas, siendo la mayoría de población indígena o afrodescendiente, el 61% tenían entre 18 y 24 años y el 12% eran niñas en situación de pobreza.

El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador dictó una sentencia por la que despenalizó el aborto para quienes resulten embarazadas de una violación sexual; previamente, la ley permitía los abortos únicamente si la persona tenía discapacidad intelectual. El 28 de junio, en cumplimiento de lo resuelto por la corte, la Defensoría del Pueblo presentó una nueva ley ante la Asamblea Nacional, que reconoce el derecho al aborto en todos los casos de violación sexual, conforme a estándares en derecho internacional de derechos humanos.

 

Ante ello, HRW instó a la Asamblea Nacional de Ecuador a eliminar todas las sanciones penales para el aborto y al presidente Guillermo Lasso a trabajar con las autoridades pertinentes para garantizar el acceso al aborto no punible conforme a la legislación vigente.

 

De acuerdo con la organización, Ecuador debería implementar de manera cabal e inmediata la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, que reconoce a todas las personas que queden embarazadas como resultado de una violación el derecho a un aborto no punible, asegurar el acceso pleno al aborto legal y dejar de judicializar a las mujeres y niñas que buscan atención médica esencial.

 

“La Asamblea Nacional debe promulgar entonces leyes que ratifiquen la obligación constitucional de asegurar el secreto profesional y que especifique que en caso de emergencia obstétrica vinculadas con aborto no existe la obligación de denunciar el caso, así como asegurar que el marco regulatorio para todos los casos de violación que van a discutir en los próximos meses no incluya la obligación de denunciar los casos de violencia sexual y segundo, la objeción de conciencia”, externó Casas. 

 

Rebecca Reingold, directora asociada de O’Neill Institute, de la Universidad de Georgetown, indicó que estos problemas no son exclusivos de Ecuador. De acuerdo con una investigación multipaís que realizó dicho instituto en Argentina, México, Colombia, El Salvador, Perú, y República Dominicana, en la región se observa una falta de respeto a las garantías de las mujeres.

Las mujeres que son encarceladas por temas relacionados al aborto no tienen conocimiento de sus derechos, ni cuentan con la asignación a tiempo de un defensor público y se encuentran con un sistema que asume primero su culpabilidad sobre su inocencia. Además, de sufrir maltratos a lo largo de sus procesos, pruebas invasivas que no son obligatorias, y orilladas a confesar delitos que no cometieron, lo cual tiene afectaciones a su salud física y mental.

 

El aborto es un tema de salud pública por estar vinculado tanto a la salud y vida de las mujeres, como a sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando el Estado garantiza los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres recuperan la opción de elegir y la posibilidad de acceder a procedimientos de aborto seguro con personal de salud capacitado, insumos necesarios, tecnologías e información adecuada y servicios de calidad. 

“Desafortunadamente, Centroamérica es la región del mundo que tiene el mayor número de países que criminalizan el aborto. Es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta que existe en el mundo contra las mujeres”, mencionó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM (Centroamérica y México).

En Ipas CAM hemos documentado que la criminalización por aborto es un problema de salud pública y de justicia social que se traduce en discriminación e injusticia contra las mujeres más vulneradas, con menos oportunidades de acceder a servicios seguros de salud y con más posibilidades de ser encarceladas, extorsionadas, chantajeadas, y manipuladas.

Subrayamos la necesidad de Estados laicos en la región, que generen políticas públicas y legislación con una visión prioritaria de atención a las mujeres, niñas y adolescentes, con enfoques de derechos humanos, de justicia social y de equidad de género.