Celebramos la libertad de 65 mujeres encarceladas por sufrir emergencias obstétricas en El Salvador
• La lucha continúa para que nunca otra mujer sea condenada por una emergencia obstétrica.
• Llamamos al Estado salvadoreño a realizar las acciones necesarias para dar justicia y reparación a las mujeres víctimas y sus familiares.
San Salvador, El Salvador, 08 de junio de 2022. Organizaciones sociales, activistas y representantes de organismos internacionales se reunieron en San Salvador este miércoles 8 de junio para celebrar la libertad de 65 mujeres que habían sido criminalizadas y encarceladas tras enfrentar emergencias obstétricas durante sus embarazos.
“Con esta celebración queremos reconocer la contribución a esta lucha por parte de personas, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, de mucha gente que ha expresado su indignación ante esta injusticia y su solidaridad con quienes la han sufrido. También queremos dar los pasos para que se cierre esta triste página de la historia de El Salvador para que no se siga persiguiendo, procesando, condenando y encarcelando a mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza” dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
Para Ipas CAM, Centroamérica y México, la liberación de 65 mujeres injustamente encarceladas por abortar es la evidencia más reciente de que el Estado salvadoreño se equivocó al criminalizar a quienes estaban sufriendo emergencias obstétricas, es decir: abortos naturales o espontáneos como los que sufrimos millones de mujeres en el mundo: El Salvador mantiene la pena de cárcel aun para quienes tienen abortos imprudenciales, que ocurren de forma espontánea, sin un acto o acción que lo detone; incluso cuando la persona gestante anhela el embarazo y desea convertirse en madre.
El patrón en la detención y condena de estas mujeres era el mismo: mujeres que viven en zonas muy vulnerables, en condiciones de pobreza o pobreza extrema, sin acceso oportuno a salud de calidad, que sufren una emergencia durante el embrazo o el parto y son denunciadas, acusándolas de provocarse un aborto. Muchas de estas mujeres fueron detenidas aun desangrándose y en estado de inconsciencia en las salas de emergencia hospitalarias.
Con leyes tan restrictivas, incluso las y los profesionales de la salud se ven impedidos a salvar la vida de las mujeres y temen ser encarcelados. No las alertan ni intervienen en embarazos de alto riesgo debido a que no pueden ofrecerle la opción de interrumpirlos, aunque ellas lo necesiten. Violan el secreto profesional, evaden su obligación legal de mantener en confidencialidad la información compartida.
“Colaborar en estos casos nos ha hecho refrendar nuestro compromiso con lograr que la labor del personal de salud se centre en salvar las vidas y no en denunciar a mujeres que viven una emergencia y atienden su salud sexual y reproductiva. Nuestro compromiso es porque exista un marco jurídico que garantice los derechos de todas y todos”, destacó durante el evento Fernanda Díaz de león Ballesteros, subdirectora de incidencia de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM).
Las organizaciones convocantes llamaron a las autoridades a tomar las medidas de lugar para que en los centros de salud se respete el secreto profesional y se brinde la atención adecuada cuando una mujer enfrenta una emergencia obstétrica. Así como por parte de la fiscalía que desista en la persecución de mujeres que sufren emergencias de salud durante sus embarazos. A que cumplan la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Manuela.
El evento fue organizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Ipas CAM, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Women’s Link Worldwide (WLW), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional (AI) y Women’s Equality Center (WEC).
• Llamamos al Estado salvadoreño a realizar las acciones necesarias para dar justicia y reparación a las mujeres víctimas y sus familiares.
San Salvador, El Salvador, 08 de junio de 2022. Organizaciones sociales, activistas y representantes de organismos internacionales se reunieron en San Salvador este miércoles 8 de junio para celebrar la libertad de 65 mujeres que habían sido criminalizadas y encarceladas tras enfrentar emergencias obstétricas durante sus embarazos.
La criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas resulta de la injusta ley que penaliza de forma absoluta el aborto, incluso en situaciones en las que la vida o salud de la mujer corren peligro, o cuando es resultado de una violación o incesto. En las últimas dos décadas, más de 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas durante el embarazo fueron procesadas por aborto u homicidio agravado.
“Con esta celebración queremos reconocer la contribución a esta lucha por parte de personas, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, de mucha gente que ha expresado su indignación ante esta injusticia y su solidaridad con quienes la han sufrido. También queremos dar los pasos para que se cierre esta triste página de la historia de El Salvador para que no se siga persiguiendo, procesando, condenando y encarcelando a mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza” dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
Para Ipas CAM, Centroamérica y México, la liberación de 65 mujeres injustamente encarceladas por abortar es la evidencia más reciente de que el Estado salvadoreño se equivocó al criminalizar a quienes estaban sufriendo emergencias obstétricas, es decir: abortos naturales o espontáneos como los que sufrimos millones de mujeres en el mundo: El Salvador mantiene la pena de cárcel aun para quienes tienen abortos imprudenciales, que ocurren de forma espontánea, sin un acto o acción que lo detone; incluso cuando la persona gestante anhela el embarazo y desea convertirse en madre.
El patrón en la detención y condena de estas mujeres era el mismo: mujeres que viven en zonas muy vulnerables, en condiciones de pobreza o pobreza extrema, sin acceso oportuno a salud de calidad, que sufren una emergencia durante el embrazo o el parto y son denunciadas, acusándolas de provocarse un aborto. Muchas de estas mujeres fueron detenidas aun desangrándose y en estado de inconsciencia en las salas de emergencia hospitalarias.
Las irregularidades que han enfrentado en sus procesos judiciales han sido denunciadas por diversos organismos internacionales incluyendo el grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.
Con leyes tan restrictivas, incluso las y los profesionales de la salud se ven impedidos a salvar la vida de las mujeres y temen ser encarcelados. No las alertan ni intervienen en embarazos de alto riesgo debido a que no pueden ofrecerle la opción de interrumpirlos, aunque ellas lo necesiten. Violan el secreto profesional, evaden su obligación legal de mantener en confidencialidad la información compartida.
“Colaborar en estos casos nos ha hecho refrendar nuestro compromiso con lograr que la labor del personal de salud se centre en salvar las vidas y no en denunciar a mujeres que viven una emergencia y atienden su salud sexual y reproductiva. Nuestro compromiso es porque exista un marco jurídico que garantice los derechos de todas y todos”, destacó durante el evento Fernanda Díaz de león Ballesteros, subdirectora de incidencia de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM).
Las organizaciones convocantes llamaron a las autoridades a tomar las medidas de lugar para que en los centros de salud se respete el secreto profesional y se brinde la atención adecuada cuando una mujer enfrenta una emergencia obstétrica. Así como por parte de la fiscalía que desista en la persecución de mujeres que sufren emergencias de salud durante sus embarazos. A que cumplan la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Manuela.
El evento fue organizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Ipas CAM, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Women’s Link Worldwide (WLW), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional (AI) y Women’s Equality Center (WEC).