Derechos humanos en Guatemala aún peligran; representantes deben abstenerse de promover políticas que atenten contra la dignidad
- La Ley para la Protección de la Vida y la Familia fomenta violaciones sistemáticas a derechos, discriminación, violencia y odio contra distintas poblaciones.
- Nos sumamos incondicionalmente a los esfuerzos de organizaciones, movimientos y organismos tendientes a evitar retrocesos en materia de derechos humanos en el país.
14 de marzo de 2022. Este 8 de marzo, el Congreso de Guatemala decidió retroceder en materia de derechos humanos al aprobar la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas por abortar, impone barreras al acceso a la interrupción del embarazo -incluso en casos donde el embarazo pone en peligro la vida- y prohíbe la educación sexual integral, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
- Nos sumamos incondicionalmente a los esfuerzos de organizaciones, movimientos y organismos tendientes a evitar retrocesos en materia de derechos humanos en el país.
14 de marzo de 2022. Este 8 de marzo, el Congreso de Guatemala decidió retroceder en materia de derechos humanos al aprobar la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas por abortar, impone barreras al acceso a la interrupción del embarazo -incluso en casos donde el embarazo pone en peligro la vida- y prohíbe la educación sexual integral, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Este 10 de marzo, tras la manifestación en las calles del pueblo guatemalteco y la presión nacional e internacional, Alejandro Giammattei, titular del Poder Ejecutivo solicitó al Poder Legislativo archivar la ley. El Congreso guatemalteco no sólo debe archivarla: debe desecharla y eliminar sus intenciones de atentar contra la dignidad de las y los ciudadanos, basados en interpretaciones erróneas -conservadoras- de lo que es, por ejemplo, la protección del derecho a la vida de las personas y a una vida libre de violencias para las mujeres.
La legislación aprobada por el Congreso guatemalteco atenta contra el marco internacional de los derechos humanos y el marco universal de atención a la salud, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de la niñez, adolescentes, mujeres, personas con capacidad de gestar, así como integrantes de la diversidad sexual.
“Se trata de un alarmante retroceso en la región. Los sectores conservadores de Guatemala están promoviendo la tergiversación del marco de derechos humanos, así como la restricción y abierta violación a las garantías básicas a través del aparato estatal, lo que es inadmisible”, lamentó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas Centroamérica y México.
“Centroamérica es, de por sí, una de las regiones más restrictivas en materia de derechos sexuales y reproductivos cuyas legislaciones y programas ni siquiera cumplen con los estándares mínimos internacionales de salud, bienestar y de derechos humanos. Esta ley discriminatoria y estigmatizante fomenta y, peor aún, institucionaliza el odio ante la comunidad de la diversidad sexual, niega derechos básicos a niñas, niños y adolescentes y pone en graves riesgos a las mujeres y personas con capacidad de gestar”, advirtió.
De acuerdo con la base de datos de políticas de aborto global de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Guatemala no sólo no cumple con los estándares mínimos en esta materia, sino que presenta preocupantes barreras a nivel legislativo y de política pública para que las mujeres puedan acceder de aborto seguro.
La Ley 5272 agudizaría esta situación, pues condenaría a 10 años de prisión a quienes tengan la necesidad de interrumpir un embarazo sin importar, por ejemplo, si se trata de gestaciones producto de una violación, si el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o persona gestante, si el producto tiene malformaciones o condiciones congénitas incompatibles con la vida, entre muchos otros supuestos.
Sin que resultara suficiente agravar el castigo injustificado al aborto, las y los congresistas impusieron más barreras al aborto en la única causal permitida en el país: con la nueva ley no bastaría con que una mujer, a través de una única valoración médica externa, compruebe que el embarazo pone en peligro su vida, sino que la nueva redacción determina que dos médicos gineco-obstetras colegiados activos deberían coincidir en el diagnóstico de que el embarazo pone en un grave riesgo la vida de la madre y, además, la o el médico que realice el procedimiento de interrupción del embarazo deberá tener calidad de colegiado activo.
“En la práctica esto imposibilitaría el acceso a la interrupción legal del embarazo a quienes lo requieran para proteger su propia integridad y vida. Los requisitos, por supuesto innecesarios, demuestran la saña y declarada intención de las y los legisladores de llegar a las últimas instancias para imponer sus criterios, contrarios a los derechos humanos. No les importa que se encarcele a las mujeres y personas gestantes, que las niñas y adolescentes víctimas de violación tengan que parir obligadamente, que las emergencias obstétricas puedan ser castigadas como delitos, que su nueva legislación cobre la vida de las mujeres”, agregó Alcalde Castro.
Durante 2019, Guatemala registró más de 10 mil 800 denuncias por violencia sexual y, sólo en los primeros cinco meses de 2020 el país registró 46 mil 863 embarazos en niñas menores de 19 años. El aborto es, además, la quinta causa de muerte materna en ese territorio.
Desde Ipas CAM recordamos que la evidencia científica demuestra que el aumento de las restricciones al aborto no lo reducen ni lo evitan, sino que contribuye a la criminalización, estigma, además de causar daños a la salud e incluso la muerte a las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que son sometidas a tortura al ser obligadas a concluir embarazos forzados y orilladas a buscar abortos inseguros y clandestinos.
Ipas Centroamérica y México (CAM) se sumará a los esfuerzos del movimiento feminista, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales por defender la autonomía reproductiva y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como erradicar el discurso de odio contra la comunidad de la diversidad sexual.
Creemos en y trabajamos por un mundo en el que cada persona pueda tomar decisiones reproductivas con libertad y goce. Sin importar los intentos por retroceder, caminaremos… juntas.