La capacidad de decidir cuándo, cómo, si ser o no madre es fundamental para que las personas puedan seguir sus planes de vida libres de estereotipos y roles de género. Por ello, es esencial respaldar su autonomía reproductiva, el derecho de cada persona a elegir, para que maternar sea una decisión y no una sentencia de muerte, pobreza o pérdida de salud, como ocurre en muchos casos. 

 

El informe del UNFPA señala que: 

• Más del 60 % de los embarazos no intencionales terminan en aborto. 
• Aproximadamente, el 45 % de todos los abortos que se practican en el mundo son inseguros. 
• Los abortos inseguros son la causa del 13 % de las muertes maternas. 

 

Socialmente, la maternidad se ha vinculado con trabajos que permiten el sostenimiento de la vida, sin remuneración ni reconocimiento. La desigualdad de género en estas labores determina el acceso a servicios de salud y al mercado laboral formal. 

 

En todo el mundo, las mujeres dedican 3.2 veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado, pero en América Latina la brecha es aún mayor: ellas invierten casi el 20 % del día en trabajos de cuidado no remunerados ni reconocidos, mientras ellos destinan poco más del 7 %. Esta desigualdad se ve reflejada en mayores barreras para que ellas accedan al mercado laboral formal y ensancha la brecha salarial y las tasas de empleos informales. 

 

En México, por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 25 millones de mujeres dependen de un familiar para acceder a servicios de salud pública, en el caso de los hombres esta cifra se reduce a la mitad. ¿A qué se debe esta situación? La salud pública está relacionada con formalidad laboral. 

 

Son ellas quienes priorizan emplearse en trabajos flexibles para poder continuar con sus demás labores de cuidados. El IMCO señala que las prestaciones laborales con mayor prevalencia entre mujeres cuidadoras son las que les permiten:  

• 73% ausentarse para realizar algún trámite.  
• 67% ausentarse para cuidar de alguien más.  
• 40% llevar a sus hijos, hijas e hijes al lugar de trabajo. 

La desigualdad en los cuidados representa obstáculos para que mujeres y personas con capacidad de gestar se desarrollen profesionalmente. Por ello, la decisión de continuar, o no, un embarazo se vincula con la autonomía reproductiva.  

 

En marzo de este año, Ipas LAC en colaboración con el Centro de Derechos Reproductivos y más de 10 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el derecho al cuidado sea reconocido como un derecho que garantice a todas las personas la toma de decisiones por sí mismas; es decir, que puedan decidir sobre su propio cuerpo, su vida y su salud; sin presión, discriminación o violencia.

    

Asimismo, que se reconozca el vínculo entre este derecho y la autonomía reproductiva: 

1. Al ejercer el derecho a cuidar de alguien más para poder garantizar que esta decisión se dé en condiciones de libertad, igualdad de tiempo, de dinero y de servicios (por ejemplo, para tener acceso a una guardería).  
2. Al ejercer el derecho a ser cuidada, cuidado o cuidade.  

En este último caso, la maternidad forzada (debido a la criminalización del aborto) afecta directamente a infantes y adolescentes, quienes necesitan de cuidados. Y, por otro lado, el incumplimiento de este derecho en las niñas y adolescentes embarazadas afecta en su acceso a educación y trabajo remunerado y formal, además de implicar riesgos para su salud física y mental.   

 

Entre las peticiones que se presentaron a la Corte se encuentran:  

• Implementar políticas de cuidado desde una perspectiva de derechos, interseccional e intercultural, que incluyan licencias parentales y familiares pagadas, infraestructura y servicios de cuidado de calidad para la primera infancia y transferencias de ingresos con fines de cuidados. 
• Legalizar el aborto y otros servicios de salud reproductiva, para que las personas elijan cuidar en libertad y ser cuidadas cuando se trata de embarazos en niñas y adolescentes.  
Remover las barreras de acceso al aborto legal y asegurar la práctica en confidencialidad, sin prerrequisitos, como el consentimiento o la aprobación de terceras personas.  
• Ofrecer servicios de calidad, interseccionales, interculturales, físicamente accesibles, asequibles y culturalmente aceptables para que las mujeres y niñas rurales, campesinas, indígenas y racializadas puedan tomar decisiones informadas y libres respecto de prácticas de aborto y salud reproductiva.  
• Aprobar la mifepristona y el misoprostol para uso obstétrico y ginecológico para facilitar el aborto autogestionado, y desarrollar guías de información sobre prácticas de aborto seguro, en lenguaje claro y adaptado a lenguas de pueblos indígenas, para así garantizar el derecho al autocuidado.  

 

Para conocer más sobre la solicitud ante la Corte, se puede consultar: 

• “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”.

 

Asimismo, se encuentran disponibles para descarga las infografías: 

• Una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado 
• El cuidado debe ser un derecho fundamental 

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Fuentes: 

• Beatrice Fabiani (2023). Cuidando a los trabajadores: el panorama del trabajo de cuidados remunerados en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
• Diana Tamara Martínez Ruiz, Verónica Montes de Oca Zavala y Sandra Lorenzano Schifrin (coordinadoras) (2023). Género, violencia, tareas de cuidado y respuestas sociales a la crisis. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (2022). Informe El Estado de la Población Mundial. 
• Ipas LAC (2024). Llamado a la Corte Interamericana para reconocer el cuidado como derecho humano y su relación con la autonomía reproductiva.
• Paola Vázquez (2024). ¿De quién depende la salud de las mujeres? Instituto Mexicano para la Competitividad.